Anthropic contra el Pentágono

La empresa estadounidense Anthropic, conocida por sus avances en inteligencia artificial, ha demandado al Gobierno de Estados Unidos para evitar acabar en la «lista negra» nacional de proveedores que representan una amenaza para la seguridad. El detonante fue una carta del Pentágono en la que la empresa encontró por primera vez una confirmación oficial: había sido declarada un riesgo para la cadena de suministro. Su director ejecutivo, Dario Amodei, ya había advertido de que se defenderían hasta el final.

En la demanda, Anthropic sostiene que esas medidas de las autoridades son ilegales y vulneran la libertad de expresión y el derecho al debido proceso garantizados por la Constitución. Según la empresa, el Gobierno no puede «utilizar su enorme poder para castigar a una compañía por expresar legalmente una opinión». Estas palabras se publicaron en un comunicado distribuido a los medios estadounidenses.

Un portavoz de Anthropic añadió que acudir a los tribunales no supone abandonar su postura: la empresa sigue teniendo la intención de utilizar la inteligencia artificial para garantizar la seguridad nacional. Pero, según explica, ahora se trata de una medida forzada para proteger el negocio, a los clientes y a los socios. La compañía sigue buscando vías de diálogo con el Gobierno.

En el documento presentado ante el tribunal, la empresa califica lo ocurrido de «campaña de represalias sin precedentes e ilegal». Sus abogados subrayan que ninguna ley federal concede a las autoridades esas competencias.

El conflicto se ha intensificado durante varias semanas. A finales de febrero se supo que el Pentágono y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presionaban a Anthropic para que eliminara las restricciones de sus modelos de IA. Se trataba de las salvaguardas contra la vigilancia masiva y la participación de la IA en el desarrollo de armas autónomas. Amodei se negó a cambiar sus principios.

El 27 de febrero, Hegseth amenazó con incluir a Anthropic en la lista de proveedores de riesgo y anular un contrato de 200 millones de dólares si la empresa no acataba las exigencias. Ese mismo día, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales que dejaran de colaborar con Anthropic. Pese a la presión, la empresa propuso a las autoridades «pasarse tranquilamente a otro proveedor» que aceptara las condiciones.

Ese proveedor fue OpenAI, que cerró rápidamente un acuerdo con el Pentágono. Curiosamente, sus directivos habían defendido principios de seguridad similares: nada de sistemas para vigilar a la ciudadanía y control humano obligatorio sobre las armas. Es más, OpenAI incluyó en el contrato una prohibición expresa del uso de la IA para la vigilancia interna de la población estadounidense.

Pero también surgieron tensiones allí: el pasado fin de semana dimitió la responsable de la división de robótica de OpenAI, que afirmó que el acuerdo con el Departamento de Defensa se había aceptado con demasiada prisa. En su opinión, las cuestiones de la vigilancia y las armas autónomas requieren un debate más amplio.

En definitiva, asistimos a un raro conflicto abierto entre gigantes tecnológicos y el Estado, en el que están en juego principios morales, cantidades ingentes de dinero y el futuro de la tecnología militar. La historia está lejos de terminar.