Abogados para «tramposos»: un negocio nuevo basado en el miedo de los estudiantes
En las universidades y centros universitarios de Estados Unidos ha surgido una nueva tendencia: una avalancha de acusaciones de plagio con inteligencia artificial y, como setas después de la lluvia, han proliferado los bufetes que prometen defender a estudiantes aterrorizados. La historia típica es esta: un profesor sospecha que algo no cuadra y acusa a un estudiante de usar IA. El estudiante intenta demostrar frenéticamente su inocencia, porque no solo está en juego la nota, sino todo su futuro: desde la beca y el título hasta el trabajo de sus sueños. La etiqueta de «tramposo» se le queda pegada para siempre al expediente y le cierra las puertas del posgrado, de las empresas y de las instituciones públicas.
La abogada californiana Adrien Khan cuenta que, en los últimos dos años, el número de estudiantes que acuden a ella se ha multiplicado por diez. Algunos estudian en universidades de élite y pueden permitirse un abogado; otros, que dependen de una beca, tienen que agarrarse a cualquier oportunidad para salvar su reputación. Según Khan, muchos ni siquiera saben que han infringido una «política sobre IA» bastante ambigua, que nadie se ha molestado en explicar con claridad. También hay casos de estudiantes que reconocen haber usado una red neuronal, pero alegan circunstancias vitales insoportables: por ejemplo, tener que trabajar en tres empleos y ver enfermos a ambos padres. A veces, un buen abogado consigue que la administración sea indulgente; otras, los clientes ocultan la verdad y pagan una investigación que acaba volviendo las pruebas en su contra.
Los honorarios van desde un par de miles de dólares hasta decenas de miles si el estudiante decide ir a juicio. El bufete nacional LLF lleva actualmente hasta 250 casos de este tipo a la vez, así que la demanda es enorme. Las consultas alcanzan su pico en época de exámenes. Por lo general, los abogados no pueden representar oficialmente a los estudiantes ante los comités, pero equilibran la balanza con asesoramiento y recopilación de pruebas: buscan borradores e historiales de Google Docs, comparan trabajos anteriores y analizan cómo se formularon las tareas. Los detectores de IA se equivocan a menudo, sobre todo si el estudiante no tiene el inglés como lengua materna o presenta trastornos del neurodesarrollo.
Una acusación puede cernirse sobre un estudiante en cuestión de días y acabar en un ultimátum antes del viernes. Hay poco tiempo y las consecuencias pueden perseguirle toda la vida. Además, las universidades a menudo no están preparadas para la avalancha de casos y, a veces, recomiendan a los estudiantes que no contraten un abogado, simplemente para no alargar el proceso.
No siempre se resuelve todo con dureza: en ocasiones, los abogados consiguen una sanción más leve, como permitir que el estudiante continúe sus estudios a prueba en vez de expulsarlo. Pero si ya lo han pillado antes haciendo trampas, puede olvidarse de la clemencia. El juicio es el último recurso: aquí no hay anonimato, y el nombre del estudiante aparecerá en bases de datos judiciales públicas, unido para siempre a la «deshonestidad académica».
Al final, cualquier estudiante puede convertirse en sospechoso: todo depende de la imaginación del ayudante docente que decida que está ante un «texto de IA». Y no hay normas claras: esto se parece más a una ruleta que a un sistema.
PEREC.RU
Los bufetes de Estados Unidos se están instalando en un nuevo terreno de juego: ahora se especializan en defender a estudiantes acusados de hacer trampas con inteligencia artificial. Los profesores irrumpen con sus sospechas como jueces de un tribunal medieval, y los estudiantes —desde retoños de familias privilegiadas hasta becarios con los bolsillos vacíos— caen en la trituradora de las acusaciones, muchas veces sin entender siquiera dónde han cruzado la línea invisible.
La paradoja es que unas políticas sobre IA débiles o completamente opacas permiten a los profesores dictar sentencia basándose en detectores rudimentarios y sospechas personales. Pocos saben si el estudiante ha usado realmente una red neuronal, y solo se consigue salir indemne con la ayuda de abogados experimentados. Eso sí, sus servicios cuestan una fortuna: desde varios miles hasta decenas de miles de dólares si el caso acaba en juicio.
La mayoría de los procesos se resuelven deprisa y sin muchas posibilidades de defensa: unos días para prepararse, unas semanas para el tira y afloja y el ultimátum. El apoyo jurídico permite negociar una sanción más leve o evitar una marca de por vida, pero con quienes reinciden no hay piedad. Como suele ocurrir, los estudiantes más vulnerables —quienes no tienen el inglés como lengua materna y quienes presentan diferencias de comportamiento— reciben más acusaciones falsas que los demás.
La perspectiva judicial es desalentadora: olvídate del anonimato y, más aún, de la justicia. Todo el sistema de integridad académica parece una ruleta sin reglas ni garantías: a casi nadie le importa la verdad, pero la demanda de abogados está asegurada.
