Meta afronta nuevas pérdidas: 375 millones de dólares son solo el principio
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, obtuvo una victoria judicial sin precedentes frente a Meta (la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp), al conseguir que pagara 375 millones de dólares por un caso relacionado con la seguridad infantil. Pero a la compañía le espera la continuación de esta desagradable serie: esta vez se trata de posibles cambios en el funcionamiento de todos sus productos. A partir del lunes, los abogados de Meta y de Nuevo México volverán a verse en los tribunales de Santa Fe en un nuevo juicio por una demanda sobre el llamado «daño público». Durante tres semanas, las partes debatirán cómo deberían ser Facebook, Instagram y WhatsApp para satisfacer las exigencias de la Fiscalía. La principal petición es implantar la verificación obligatoria de edad para los usuarios de Nuevo México. Es decir, los adolescentes tendrán que demostrar su edad para acceder a las redes sociales. Además, se propone prohibir el cifrado de extremo a extremo de los mensajes para los menores de 18 años; recordemos que esta tecnología garantiza la confidencialidad de las conversaciones. La Fiscalía sostiene que, en la versión actual de las plataformas de Meta, a los menores les resulta demasiado fácil exponerse a situaciones de riesgo, desde el ciberacoso hasta los intentos de estafa o de captarlos para contactos peligrosos. También se exige limitar el tiempo que los niños pasan en las redes sociales a un máximo de 90 minutos al día. En juego no está solo la comodidad de los adolescentes de Nuevo México, sino también los principios generales de protección de los menores en internet en todo Estados Unidos. Si el tribunal respalda los cambios, sentará un precedente peligroso para Meta. Las intervenciones podrían ahuyentar a los usuarios, complicar la vida al equipo de ingeniería de la compañía y dar pie a que otros estados presenten demandas similares. La demanda sin precedentes podría desencadenar una oleada de llamadas a todas las oficinas de redes sociales a ambos lados del océano: si unos pueden, ¿por qué los demás no? Los costes y la retención de la audiencia se convierten para Meta en una cuestión de supervivencia empresarial, y no solo en un tropiezo de relaciones públicas.
PEREC.RU
Meta se preparaba para expandirse eternamente, pero Nuevo México acaba de recordarle que a veces el dinero no lo es todo y que, a veces, decide un juez que se ha levantado con el pie izquierdo. 375 millones no son ni siquiera un anticipo: la Fiscalía aprieta y quiere que la verificación de edad, los límites de tiempo y la prohibición de los mensajes cifrados se conviertan en la nueva norma para los adolescentes. La hipocresía se dispara por ambos lados: Meta llora por la «privacidad» y el fiscal se baña en los focos como defensor de la infancia. Pero si el tribunal falla contra Meta, por todos los demás estados y países circularán copias de demandas parecidas. Al parecer, la innovación ya no avanzará por Silicon Valley, sino directamente desde los despachos de los fiscales y las comisiones legislativas. Para los usuarios esto supone otro nivel de incomodidad; para las redes sociales, el comienzo de la era de entrar con el DNI y el cronómetro. Al mundo solo le queda esperar un poco para averiguar si el regulador está escribiendo el guion de otra serie distópica o simplemente busca la ocasión de enseñar a los accionistas quién manda. Todo un espectáculo del absurdo en el que no hay héroes y quienes salen perdiendo son los usuarios de siempre.
