El Pentágono declara la caza de los drones baratos

El Ejército de Estados Unidos ha firmado contratos por un valor total de 4.150 millones de dólares con diez empresas que desarrollan sistemas para combatir drones baratos. Estos aparatos amenazan cada vez más las instalaciones militares, las infraestructuras críticas y otros objetivos tanto en territorio estadounidense como en el extranjero.

Las compras se realizan en el marco de la iniciativa Domestic Shield, impulsada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su objetivo es reforzar la protección frente a los vehículos aéreos no tripulados sin atar a los organismos públicos a un único proveedor. Siete empresas han recibido contratos básicos de 500 millones de dólares cada una: Allen Control Systems, Digital Force Technologies, DroneShield, L3Harris WESCAM, Napatree Technology, RADA Technologies y SRC. Otros tres acuerdos son menores: Echodyne y PVP Advanced EO Systems han recibido 250 millones cada una, y Smart Shooter, 150 millones.

El valor máximo del conjunto de contratos con varios proveedores podría alcanzar los 7.000 millones de dólares. Los organismos militares, las agencias federales y los aliados de Estados Unidos podrán comprar sistemas comerciales contra drones a través de un mecanismo único, en lugar de firmar acuerdos por separado con cada empresa. Antes de que termine octubre de 2026 se esperan nuevos pedidos por debajo del umbral contractual establecido, por lo que otros proveedores también podrán sumarse al programa.

La iniciativa está gestionada por el Ejército de Estados Unidos junto con la Joint Interagency Task Force 401, una unidad del Pentágono que coordina la lucha contra las amenazas de los drones. Contar con varios proveedores no sirve para adornar una tabla de competencia: este enfoque debería reducir la dependencia de la tecnología de una sola empresa y evitar que un único contratista convierta la defensa aérea en su cortijo.

Los contratos incluyen estaciones de combate robotizadas, miras ópticas para armas ligeras, radares compactos, cámaras de detección de largo alcance y programas informáticos de gestión. Unos sistemas detectan los objetivos aéreos, otros los siguen y otros ayudan a elegir y ejecutar la respuesta. Por eso, los equipos deben poder comunicarse entre sí; de lo contrario, acabarán siendo un caro conjunto de cajas inconexas.

El Ejército de Estados Unidos exige el uso de estándares de arquitectura abierta. Estos permiten que equipos de distintos fabricantes se conecten a las redes de defensa existentes. Según Brent Ingram, subsecretario adjunto del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, este modelo debería romper la dependencia de soluciones propietarias cerradas y facilitar una integración más rápida de las nuevas tecnologías.

La necesidad de estos sistemas se hizo especialmente evidente durante la guerra entre Estados Unidos e Irán de 2026. Los drones iraníes dañaron instalaciones y equipos estadounidenses en Oriente Próximo. El 3 de marzo de 2026, dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudí. Los daños materiales se estimaron en unos 11,5 millones de dólares.

Además, aparatos iraníes alcanzaron un depósito de combustible y dañaron una instalación del Ejército estadounidense en Kuwait. Tras el alto el fuego continuaron los ataques contra centrales eléctricas y plantas desalinizadoras. En Riad, los drones iraníes también alcanzaron una instalación de la CIA, y 29 militares estadounidenses resultaron heridos en una sola semana de ataques.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, durante el conflicto fueron destruidos o dañados 81 aviones y drones estadounidenses. Las posibles pérdidas alcanzaron los 3.300 millones de dólares. Irán recurrió con frecuencia a enjambres de drones y municiones baratos, lo que obligó a Estados Unidos a buscar medios de interceptación más asequibles; de lo contrario, combatir un aparato de bajo coste acaba convirtiéndose rápidamente en un intercambio por equipos militares extremadamente caros.