El juicio contra Live Nation: la monopolista se resquebraja

Un jurado de Nueva York declaró que Live Nation creó un monopolio ilegal que afecta a numerosos ámbitos del negocio de los conciertos. La decisión, tomada tras un mes de vistas y cuatro días de deliberaciones, se refiere por ahora únicamente a la cuestión de la culpabilidad, es decir, a la existencia del monopolio. En esta fase, el jurado solo debía resolver dos cuestiones principales: si Live Nation monopolizaba el mercado de venta primaria de entradas y si obligaba a los artistas a contratar sus servicios de organización de conciertos para poder actuar en sus anfiteatros. Los miembros del jurado respondieron «sí» a ambas preguntas, sin vacilar.

Live Nation tiene previsto pedir al juez federal Arun Subramanian que anule el veredicto. Si se niega, le corresponderá decidir qué medidas imponer: ordenar a la empresa que pague indemnizaciones o que cambie su forma de operar. Los críticos de Live Nation, entre ellos los fiscales generales de los estados que participaron en el proceso, creen que la mejor solución sería obligarla a vender Ticketmaster, el servicio que controla la mayor parte del mercado estadounidense de entradas electrónicas. Su argumento es sencillo: controlar tanto la venta de entradas como la promoción de artistas da a Live Nation una ventaja injusta, porque la empresa puede amenazar a las salas con no llevarles conciertos si no trabajan con Ticketmaster.

El veredicto del jurado puede interpretarse como un respaldo a esa teoría. Sin embargo, el juez también puede optar por una solución más moderada: mantener Ticketmaster, pero obligar a Live Nation a vender otros activos, como sus anfiteatros. Eso reduciría la influencia de la empresa, pero no acabaría por completo con su modelo. Los tribunales toman este tipo de decisiones pocas veces: el último gran caso de división forzosa de una empresa se remonta a la disolución de Standard Oil en 1911. Incluso cuando en 2024 Google fue declarado monopolista en el mercado de las búsquedas, el tribunal rechazó dividir la empresa y se limitó a cambiar sus prácticas contractuales.

No se descarta que Live Nation corra una suerte parecida: multas, restricciones a los contratos de exclusividad, obligación de abrir sus anfiteatros a la competencia y límites a las comisiones. Durante el propio proceso, Live Nation propuso al Departamento de Justicia de Estados Unidos un acuerdo: cambiar sus prácticas empresariales y crear un fondo de indemnización de 280 millones de dólares. La empresa asegura que la decisión final del tribunal estatal no diferirá mucho de ese acuerdo.

El problema es que el acuerdo aún debe recibir la aprobación del juez, y los fiscales generales de varios estados ya han dicho que lo consideran demasiado blando. Ahora el juez se encuentra en una situación absurda: dos partes gubernamentales que antes eran aliadas exigen a la vez que apruebe el acuerdo y que imponga un castigo más severo. Kenneth Dintzer, abogado que trabajó 33 años en el Departamento de Justicia, calificó lo ocurrido de inédito.

El proceso se alargará: el tribunal puede estudiar todos los argumentos y pruebas durante meses o incluso un año. Después llegará la apelación: Live Nation ya ha anunciado que recurrirá cualquier decisión desfavorable. En consecuencia, puede que los cambios tarden mucho en llegar a los consumidores, si es que llegan.